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Ciudadanía de pleno derecho para los menores en la nueva Ley de Infancia y Adolescencia

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La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, señaló durante la presentación de esta ley que, entre sus aportaciones más “valientes y novedosas”, destacan las realizadas por niños/as y adolescentes que han participado en su proceso de elaboración. Esta ley supone un cambio de paradigma que implica dejar de considerar a los menores como objetos de protección para pasar a reconocerlos como sujetos de pleno derecho.

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El borrador de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia ha sido presentado en Valencia ante más de medio millar de representantes de las distintas administraciones de ámbito autonómico; cerca de un centenar de menores de los distintos consejos de la infancia de la Comunidad Valenciana y entidades representativas del sector de la infancia.

Esta ley impulsa la participación en la vida pública y la promoción de los derechos de los menores como ciudadanos de pleno derecho, atendiendo a la diversidad de cada niño o niña, y por ello se han tenido en cuenta las aportaciones de sus protagonistas”, aseguraba Mónica Oltra.

En este sentido, destacaba que por primera vez un proceso de participación de una ley se adapta para que los más jóvenes puedan hacer sus propuestas y agradecía el centenar de aportaciones que se han recibido desde los consejos de infancia. “Estamos muy orgullosos y orgullosas de vuestro trabajo, y por eso hemos propuesto a las instituciones europeas que lo incluyan como ejemplo de buenas prácticas”, afirmaba la vicepresidenta.

El borrador, que también incluye las propuestas hechas en el Pacte per la Infància (Pacto por la Infancia) aprobado por unanimidad en las Cortes Valencianas, implica un “cambio de paradigma, que implica dejar de considerar a los niños y niñas como objetos de protección”, en el sentido de “situar a la infancia y a la adolescencia en el centro de las políticas públicas, de manera que se sientan protagonistas”, manifestaba Mónica Oltra.

La vicepresidenta también apuntaba como principios rectores de la norma, la equidad y el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, reconociéndoles por primera vez como “ciudadanía activa y de pleno derecho en todos los ámbitos de las esferas públicas y privadas”.

Cabe señalar que en esta última, se elimina el límite de edad para que se escuche la opinión de los niños y niñas antes de dar el consentimiento informado en los tratamientos médicos o se fija la obligación de los padres, madres o tutores a escuchar y respetar sus opiniones “en referencia a la libertad de ideología, conciencia o religión”.

Asimismo, se reconoce por primera vez el derecho a la identidad y a la expresión de género y en la esfera pública se garantiza que las administraciones tendrán que consultar la opinión de la infancia y la adolescencia en aspectos que les afecten como las políticas de ocio educativo o el diseño urbano de los municipios, adaptando las consultas públicas para que puedan participar.

La vicepresidenta también explicaba que esta ley pretende dar un paso más en la lucha contra la desigualdad, que ya se ha iniciado con otros proyectos legislativos, como el que regula la renta valenciana de inclusión, y establece que en la concesión de ayudas destinadas a la infancia, se tendrá en cuenta la situación de la persona menor de edad a la que va dirigida.

“Esto evita que los niños y niñas se vean excluidos de las ayudas a las que tienen derecho porque sus familias tengan deudas o incumplimientos que les impidan o dificulten acceder a las mismas”, señalaba.

Otra de las novedades de la norma es que el foco se traslada de prevenir el maltrato a promover “el buen trato y los afectos”, para lo que se incluyen medidas trasversales como programas de orientación familiar para la corresponsabilidad, co-parentalidad positiva, promoción de horarios y condiciones laborales compatibles con la crianza, fomento de las competencias parentales y educación emocional en las aulas, entre otras.

“El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica cobra especial importancia, y para su defensa se configura un sistema integral de prevención y protección frente a la violencia contra la infancia, que implique a todos los poderes públicos, de una manera coordinada”, señalaba la vicepresidenta.

Por último, destacar que esta ley recoge un órgano de coordinación interadministrativa, el Consell Valencià de Igualtat, Inclusió i Drets Socials y la creación del Institut Valencià de Qualitat en Serveis Socials.

Finalizo esta entrada con el deseo de que este nuevo modelo social con tan buenas intenciones aparentes, sea también en la práctica, que es lo fundamental, el instrumento jurídico en el que queden plasmados los derechos sociales de los menores valencianos.

Os invito a hacer algún comentario para tratar de hacer este espacio más interactivo. Gracias.

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La Comisión de Arbitraje publica un informe con recomendaciones éticas para el tratamiento periodístico de los menores

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infanciaLa Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, órgano impulsado desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pero con total autonomía en su funcionamiento, ha hecho público un informe-resolución que, a través de once recomendaciones, tratará de paliar la presencia de niños/as desprotegidos en los medios de comunicación. Esta realidad, aseguran desde esta entidad, “se ha agudizado aún más con el auge de la sociedad de la información y la comunicación”,  ya que Internet ofrece nuevas posibilidades a la profesión periodística y una mayor dificultad para proteger a los/las menores. 

La comisión, que recuerda que la infancia y la juventud gozan de una especial protección que establece los límites claros, tanto deontológicos como normativos, a la libertad de información, ha elaborado unas pautas que pretenden adecuar el tratamiento informativo sobre los menores a la normativa internacional y nacional vigente sobre sus derechos y al propio Código Deontológico de la FAPE.

Son las siguientes:

-Respetar el principio de universalidad de los derechos de los niños y niñas.

-Otorgar prioridad a la protección y al interés superior del menor en la toma de decisiones informativas.

-Vigilar la exactitud y contextualización de los contenidos de las noticias relacionadas con la infancia.

-Rechazar la vulneración de los derechos del menor que persigue obtener beneficios materiales.

-Proteger cuidadosamente la imagen y la identidad de los menores.

-Tratar con especial cuidado lo referente al consentimiento del menor o sus tutores legales.

-Comprobar de forma especialmente cuidadosa la fiabilidad de las fuentes.

-Hacer un uso correcto de la información proporcionada por los menores en las redes sociales y foros de internet.

-Garantizar el derecho a la participación de los niños en los medios de comunicación. 

-Asumir el efecto educativo de la labor periodística.

-Asumir el principio de corresponsabilidad de los derechos humanos.

La comisión concluye que, en un momento de constante renovación, cuando las leyes van un paso por detrás de las necesidades de la sociedad, la autorregulación profesional es más necesaria que nunca. En ese contexto, el tratamiento de los menores debe ajustarse  a la normativa nacional e internacional vigente pero “sobre todo debe ser objeto de reflexión y análisis desde el punto de vista deontológico”.

Puede consultarse el Informe-Resolución al completo aquí

Fuente:  Unió de Periodistes Valencians, FAPE